Quinto Día Online
22 de Noviembre del 2017

Cambio Climático

Venezuela ratifica el Acuerdo de París (I)

Venezuela ratifica el Acuerdo de París (I)

“Quisiéramos creer que el gobierno está comprometido con la defensa de la humanidad y del ambiente, pero esa no es la realidad”

 

 

Alba Marina Gutiérrez

Cofundadora de PeriodismoCC

@Albamarinavzla

 

 

El pasado domingo 23 de julio, según la Cancillería venezolana, Venezuela ratificó ante la ONU, el Acuerdo de París (AC) sobre cambio climático y el Acuerdo de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.

 

Dada la trascendencia de este hecho y lo que supone para las políticas públicas del país que Venezuela asuma este compromiso mundial, desde esta columna se decidió recoger los pronunciamientos de algunos actores clave en la materia.

 

En esta entrega se tomó el parecer de Alejandro Álvarez Iragorry, doctor en Ciencias, coordinador de la ONG Coalición Clima21 y fundador del Foro Venezolano de Educación Ambiental.

 

Entre la celebración y la desconfianza, Álvarez Iragorry sacó al ruedo algunos de los antecedentes que han marcado en 18 años la gestión ambiental del actual gobierno. Inventario que puede servir como recordatorio y –también- para develar por qué ahora y en este momento-país, el gobierno decide ratificar el AC.

 

Así lo expone Álvarez Iragorry:

 

La celebración

La noticia: “Venezuela ratifica apego al Acuerdo de París sobre el cambio climático y al Convenio de Estocolmo”.

 

Los ambientalistas venezolanos celebramos este hecho noticioso.

 

La nota indica que esta acción se realiza en concordancia con el objetivo histórico del gobierno de Venezuela: “La preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”.

 

Es importante aclarar que ambos documentos son extremadamente importantes para el futuro de Venezuela y el mundo:

 

El Acuerdo de París es el instrumento de política internacional más importante, logrado en los últimos años. 195 países, prácticamente la totalidad de los participantes de ONU, se comprometieron a disminuir sus emisiones de gases que generan el cambio climático global, considerado por muchos la mayor amenaza actual sobre las sociedades humanas y la vida sobre el planeta.

 

Por su parte, el Convenio de Estocolmo es un acuerdo dirigido a eliminar, o al menos disminuir, las emisiones de contaminantes orgánicos persistentes. Éstos son sustancias químicas resistentes a la degradación, que incluye: pesticidas, insecticidas organoclorados, herbicidas y compuestos derivados de la industria química (dioxinas, furanos, otros). Todos, altamente tóxicos, tanto para los humanos como para el resto de los seres vivos.

 

La referida nota de prensa –además- cita un tuit del Canciller Moncada: “En ONU-NY, depositamos la ratificación del Acuerdo de Cambio Climático de París. Venezuela comprometida con la defensa de la humanidad @SMoncada_VEN”.

 

Sí, quisiéramos creer que el gobierno de Venezuela está comprometido con la defensa de la humanidad y el ambiente. Quisiéramos creer que vivimos en un país donde el gobierno, en conjunto con todos los actores sociales, está trabajando mancomunadamente en la solución de los problemas ambientales. Quisiéramos compartir esa celebración.

 

La desconfianza

El gobierno de Venezuela -hasta el momento- no ha dado señales de estar comprometido con la lucha contra el cambio climático, ni con ningún otro tema ambiental más allá del plano retórico. Recordemos algunos datos:

 

-La Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático (Cmnucc) fue firmada por el país en 1992 y convertida en ley de la República en 1994. Ahí se establecen obligaciones a los Estados firmantes, al definir sus niveles de emisiones, implementar medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y formular programas nacionales para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático. Venezuela no tiene avances significativos en esta materia y no ha cumplido con la obligación de tener un programa (estrategia) nacional de adaptación al cambio climático.

 

-La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos (2009) estableció un plazo de dos años para formular el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Aún no se ha hecho.

 

-Otros instrumentos, como el Plan de la Patria (2013) y en el Plan Nacional de Derechos Humanos (2015) también establecen que debe elaborarse una estrategia nacional de adaptación ante el cambio climático. Igualmente sin avances.

 

-Con respecto a la medición de nuestras emisiones, no se han presentado informes nacionales desde el 2005. Informe que se realizó con datos tomados hasta 1999.

 

-PDVSA es considerada una de las empresas más contaminantes del mundo. Entre otras razones, por quemar grandes cantidades de gas natural proveniente de la explotación petrolera y mantener un alto registro de accidentes generadores de derrames de hidrocarburos en todas sus áreas operativas.

 

-Venezuela tiene una de las tasas de deforestación más grandes de la región, proceso que se ha acelerado en los últimos años. El Informe FAO 2010-2015, nos ubica entre los 10 países del mundo con mayor tasa deforestación. Causa principal: minería a gran escala.

 

-A pesar de la legislación vigente, el país mantiene más de 300 vertederos de residuos sólidos a cielo abierto. En estas acumulaciones de “basura” se producen cantidades importantes de gas metano, fluido de efecto invernadero. Asimismo estas zonas deterioran el ambiente local y afectan los indicadores de salud humana. El gobierno nacional no ha realizado ninguna acción para corregir esta situación. Por el contrario, utiliza el tema de los desechos sólidos como arma política.

 

-Sin avances para controlar las emisiones producto del transporte público y privado. El envejecimiento y deterioro de estas unidades aumenta el problema.

 

-El Decreto del Arco Minero del Orinoco es la amenaza más importante al futuro ambiental del país, al generar grandes zonas que serán deforestadas y graves daños sobre ríos y ecosistemas.

 

-Aun cuando la Constitución vigente y el Plan Nacional de Derechos Humanos consideran que un ambiente sano y seguro es un derecho humano, los tribunales del país rechazan todo intento realizado de actuar contra decisiones gubernamentales que socavan este derecho.

 

-A pesar de que el gobierno arenga que 96% de la población tiene acceso al agua potable, un número importante de comunidades no cuenta con este servicio, lo recibe de forma irregular y la calidad del agua suministrada está totalmente fuera de las normas nacionales e internacionales para asegurar la salud de la población.

 

-Sin mejoras en los procesos de recolección y tratamiento de aguas servidas en ninguna parte del país.

 

-Las ciudades venezolanas son cada vez más insostenibles a nivel ambiental.

 

A pesar de la promesa de que el “proceso constituyente” actual consolidará la protección y defensa del ambiente y la lucha contra el cambio climático, en la realidad parece un proceso para consolidar la capacidad del Ejecutivo Nacional para hacer negocios con los recursos naturales del país.

 

Quisiéramos creer que el gobierno de Venezuela está comprometido con la defensa de la humanidad y del ambiente, pero esa no es la realidad.

 

Contacte con Álvarez Iragorry en: notiambienteve.blogspot.com y vía Twitter @Aalvarezi.