Quinto Día Online
22 de Agosto del 2017

Reflexiones

Un golpe de Estado llamado impasse

Un golpe de Estado llamado impasse

 

 Luis Beltrán Petrosini

reflexionesqd@gmail.com

 

 

No puede negarse que ha sido un período de alta tensión. Ya en medio de un ambiente enardecido por las innumerables dificultades por las que atraviesa la población venezolana, cada día sufriendo carencias difíciles de explicar en un país que no atraviesa una cruenta guerra, surgió la luz esclarecedora que emana de esa cueva de “luciérnagas jurídicas” que conforman el mal llamado Tribunal Supremo de Justicia para sorprendernos con el que constituye, probablemente, uno de los mayores esperpentos emanados de la supuesta bóveda que custodia la sabiduría jurídica de la sociedad. Se hace imperativo aclarar que no es la primera vez que algo así ocurre. Ya en los últimos meses este grupo de “juristas” había dado pruebas fehacientes de acatamiento, sin el menor rubor, de cualquier orden, así sea apenas un susurro, proveniente del caporal mayor de la nación, actuación que luego es anunciada como “interpretación de las normas constitucionales”. Si hace algunos años el galáctico supremo calificó de “plasta” una sentencia del TSJ que no le agradaba, imaginen ustedes el calificativo que podría dársele a las recientemente promulgadas por esa institución.

Pero la tensión no se detuvo en ese episodio. Pocas horas después de conocida la decisión del TSJ, surgió la declaración de la Fiscal General de la República, que produjo una auténtica conmoción tanto en la opinión pública como, suponemos, en buena parte del oficialismo. La Fiscal, en pleno y correcto uso de sus facultades constitucionales, declara que en esas sentencias “se evidencian varias violaciones del orden constitucional…constituyen una ruptura de orden constitucional…se evidencia un desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución”. No pretendo entrar en una controversia -que me parece absolutamente inútil- acerca de las razones que motivaron la intervención de la Fiscal. La considero absolutamente correcta y digna de ser aplaudida, independientemente del juicio que tengamos sobre su actuación en el pasado. Pero el meollo del asunto está, en mi opinión, en las razones que llevaron a los miembros de la Sala Constitucional a cometer este desatino, el cual constituye una vuelta de tuerca más en el auténtico golpe de Estado continuado que se ha venido dando en los últimos meses al desconocerse la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano, lo que se materializa en la práctica, en la inhabilitación de la Asamblea Nacional, cuyos miembros fueron electos con una mayoría aplastante de votos.

Las decisiones del TSJ ya habían cercenado la mayoría de las facultades que la Constitución le otorga a la Asamblea. Pero existe un detalle que no puede pasar inadvertido. Todos sabemos la difícil situación fiscal por la que atraviesa el régimen. Las obligaciones financieras contraídas irresponsablemente en el pasado, cuando contando con ingresos petroleros nunca vistos se recurrió a un endeudamiento que no tenía sentido alguno, pasan su factura ahora. El gobierno se ve obligado a cumplir con los pagos producto de ese endeudamiento cuando sus ingresos han disminuido drásticamente como consecuencia de la caída, tanto de los precios petroleros como de la producción nacional. Pero al mismo tiempo, por causa de la destrucción que han ocasionado en el aparato productivo nacional, requieren destinar cuantiosos recursos a la importación de alimentos y medicamentos para satisfacer las necesidades de la población, dinero que a su vez necesitan para cancelar las deudas contraídas. Una verdadera trampa mortal. Todo ello les obliga a tratar de obtener, a cualquier costo, nuevos recursos que sólo pueden provenir de organismos multilaterales, bancos privados o gobiernos amigos. Pero una circunstancia les dificulta, por no decir les imposibilita, ese camino. Lo cierto es que cualquier financiamiento externo, constitución de empresas mixtas o cualquier contrato de interés nacional deben ser aprobados por la Asamblea Nacional. De no ser así, una operación con esas características sería considerada, de acuerdo con lo afirmado por el presidente de la Asamblea Nacional, como “un donativo” al país. Chinos y rusos, quizás los únicos que podrían aliviar el problema, deben estar pensándolo dos veces antes de continuar participando en una aventura que ya ha perdido su atractivo.

Estimo que esa es la razón por la cual las “luciérnagas jurídicas” materializaron las sentencias 155 y156, que privarían a la Asamblea de la potestad de controlar el endeudamiento público, lo que supuestamente eliminaría el temor internacional de aportar nuevos recursos para aliviar la crisis, pero que en la práctica se tradujo en la consumación de un vulgar y grotesco golpe de Estado. Peor aún ha sido la respuesta del TSJ a la “exhortación” efectuada por el llamado Consejo de Defensa de la Nación -no entiendo qué rol tiene en el problema- a revisar las sentencias. La respuesta fue inmediata, es decir, la orden fue cumplida, lo que ha puesto aún más de manifiesto la sumisión del máximo tribunal de la República al Poder Ejecutivo. Las aclaratorias presentadas en las sentencias 158 y 159 no explican nada. La situación de la Asamblea continúa igual que antes y el golpe de Estado sigue funcionando a plenitud. Este grotesco incidente sirvió para dejar de manifiesto ante el mundo que en Venezuela ya no existe democracia y esto es así desde hace ya bastante tiempo. Estamos en presencia de una dictadura militar con todas las de la ley, en la que la falta de libertades y la represión más grotesca están a la orden del día. Pero con lo que no se contaba era con el auténtico estupor que todo esto ha generado en el mundo entero y la voluntad mancomunada de la gran mayoría de los países del sistema interamericano para no abandonar a tan triste suerte a Venezuela. Veremos cuánto puede durar esta monumental ignominia.