Quinto Día Online
27 de Julio del 2017

Economía

Tras catorce años de control de precios la inflación es la más alta desde 1951

Tras catorce años de control de precios la inflación es la más alta desde 1951

El gobierno insiste en un mecanismo que ha derivado en escasez, a la vez que se muestra ineficaz para detener el deterioro en la capacidad de compra de los venezolanos

 

 

Víctor Salmerón

@vsalmeron

 

 

El 11 de febrero de 2003, hace catorce años, el entonces presidente, Hugo Chávez, publicó el decreto de control de precios, medida que pareció lógica en medio del paro empresarial que en ese momento sacudía al país, pero en realidad, como admitió luego, se trataba “de una estrategia de intervención del Estado en la economía, uno de los elementos que conforman la transición hacia el socialismo”.

 

La estrategia de acabar con la “especulación de los empresarios” entregando a dos ministerios el poder de fijar el precio de venta de los alimentos básicos, medicinas, pañales, jabones y en general de todos los productos esenciales para la calidad de vida, registra un récord muy negativo.

 

La última estadística oficial disponible al cierre de esta edición indica que en 2015 la inflación se ubicó en 180%, el nivel más alto desde 1951, el año más antiguo en las cifras del Banco Central de Venezuela y las proyecciones señalan que en 2016 superó 300%.

 

El fracaso no debería causar sorpresas. Durante el gobierno de Jaime Lusinchi la inflación anual pasó de 15,7% en 1984 a 40,3% en 1987, en plena aplicación del control de precios y con un agresivo plan de multas y cierres a los “especuladores”.

 

La conclusión de estudios académicos como el de los economistas Robert Schuettinger y Eamon Butler es que si bien los controles de precios han tenido efecto positivo por un corto período de tiempo, en el largo plazo siempre fracasan, porque no combaten la causa real de la inflación: el incremento de la cantidad de dinero por encima de la productividad.

 

La historia reciente indica que la producción del sector privado se desplomó porque la fijación de cientos de precios por funcionarios del gobierno se tradujo en que una porción muy importante de las empresas debía trabajar a pérdida. Al mismo tiempo, el control de cambio, que entregó a unos pocos funcionarios públicos la facultad de decidir quiénes compran cuántos dólares, complicó en grado sumo la adquisición de divisas para importar equipos o materia prima. Además, las regulaciones de todo tipo que someten la distribución y la producción a las decisiones de ministerios y organismos estatales, derivó en mínima inversión y mayores trabas para responder a la demanda.

 

Hay más. En la reducción de la cantidad de productos disponibles, el sector público juega un rol preponderante. Bajo el influjo de un salto sin precedentes en los precios del petróleo, Hugo Chávez, quien gobernó a Venezuela desde el 2 de febrero de 1999 hasta el día de su muerte, el 5 de marzo de 2013, redujo el rol del sector privado y expandió la mano visible del Estado a prácticamente todas las áreas de la economía mediante un feroz proceso de expropiación y nacionalización de empresas.

 

El 26 de junio de 2015, el entonces ministro de Alimentación, Carlos Osorio, publicó en la Gaceta Oficial 40.690 una resolución en la que agrupó en 14 conglomerados a las 283 empresas que se desenvuelven en el sector de alimentos y donde el Estado tiene algún tipo de control, pero lejos de abarrotar los abastos y supermercados, la oferta disminuye.

 

Las causas por las que el gobierno ha fracasado como empresario son conocidas: las empresas públicas no pueden mantenerse sanas cuando la lealtad política es la principal condición al momento de seleccionar a los gerentes, una total opacidad que permite que no se conozca la condición financiera de las compañías y el crecimiento desproporcionado del número de trabajadores y precios controlados que, al igual que en el sector privado, no reportan rentabilidad.

 

Otro elemento a tomar en cuenta es lo que los analistas denominan restricción presupuestaria débil, es decir, como el Estado cubre las pérdidas con el ingreso que obtiene a través del cobro de impuestos y la renta petrolera, hay pocos incentivos para reducir costos, colocar precios que reporten ganancias y no permitir el incremento exagerado de la nómina.

 

 

Administrar la escasez

 

La administración de Nicolás Maduro se ha quedado sin respuesta frente al fracaso del control de precios y se ha limitado a tratar de administrar la escasez con medidas de racionamiento: los venezolanos solo pueden comprar productos básicos una vez a la semana dependiendo del número de la cédula de identidad en las cantidades permitidas, deben colocar sus dedos en máquinas captahuellas y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venden bolsas de comida a precios regulados a las familias de menos ingresos.

 

En ciudades como Táchira, Zulia y Mérida las autoridades han permitido la importación de productos con dólares provenientes del mercado negro, donde la moneda sufre una masiva depreciación. El resultado es menos desabastecimiento, pero alimentos que solo pueden ser adquiridos por la minoría por su elevado costo.

 

Al mismo tiempo avanza la militarización como un intento de perfeccionar la distribución y reanimar la producción de rubros básicos. El 11 de julio del 2016 se creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano, que entrega amplios poderes a 27 generales bajo el mando del Ministro de la Defensa, quien creó una estructura castrense: un Comando para el Abastecimiento Soberano, que a su vez contempla un Órgano Superior. También, siete grandes vértices, como Logística Oportuna, cada uno con un estado mayor. A la vez, actúan los Comandos Regionales, cuatro Unidades de Apoyo y los “equipos técnicos de carácter cívico militar”.

 

La semana pasada, el vicepresidente de economía, Ramón Lobo, dejó en claro que el gobierno mantiene la idea de que la inflación es “inducida” por la especulación y evalúa mecanismos para reforzar el control de precios.

 

En declaraciones a la Agencia Venezolana de Noticias, Lobo explicó que el gobierno está “evaluando un nuevo mecanismo de sistema de precios y una reingeniería de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde)”.