Opinión

“Sobre el Decreto 3.368 del 12-4-2018”

4 mayo, 2018 | 12:00 am

El Decreto 3.368 del Presidente de la República del 12-4-18, tuvo como objeto “establecer un régimen especial de carácter transitorio sobre la actuación de PDVSA y sus empresas filiales”. De inmediato sentimos que lo anterior contrasta con los arts. 302 y 303 de la Constitución, que establecen un régimen para PDVSA sólo susceptible de alteración por esa misma vía.

El Decreto 3.368 está bajo el régimen del N° 3.239 del 9-1-2018, que declarara el estado de excepción y de emergencia económica en todo el territorio nacional, prorrogado por el 3.308 del 9-3-2018. Estamos así bajo el manto de la emergencia económica que habilita al Ejecutivo para dictar “medidas ante la situación extraordinaria producida por la guerra económica…”

La pregunta está en si ¿la declaratoria de un estado de excepción y su regulación por decretos del Presidente de la República, puede cambiar, aun cuando sea temporalmente, las disposiciones del texto constitucional sobre el sistema de la actividad petrolera?

Los estados de excepción solo son declarados por circunstancias sobrevenidas, que no pueden combatirse con los medios disponibles y son relativamente breves. Diferente es el cuerpo central de nuestro régimen constitucional, constituido por normas intocables, tales como las “Disposiciones Fundamentales”, que no pueden modificarse, como lo son la naturaleza libre e independiente del Estado; los derechos irrenunciables de la Nación de independencia, soberanía, inmunidad, integridad territorial y autodeterminación; los principios rectores del Estado, la Democracia Social de Derecho y de Justicia; los valores superiores del ordenamiento jurídico, los fines del Estado, la forma que lo rige, la soberanía y su ejercicio; la modalidad del gobierno; la supremacía constitucional; los símbolos de la patria.

Frente a esta enunciación que, sin embargo, no cubre ni la centésima parte de las distintas instituciones, está la declaratoria de los estados de excepción. Es cierto que ha sido muy hábil la idea de intentar cubrir medidas derogatorias de instituciones constitucionales con una previa declaratoria de un estado de excepción. La respuesta no puede ser sino denegatoria de tal posibilidad: el estado de excepción se rige por sus limitados supuestos. En consecuencia, no es el fundamento para cambios estructurales en una figura de la importancia constitucional que tiene el régimen de PDVSA y de la actividad de los hidrocarburos.

Es así evidente la violación que, a través del reciente Decreto, se hace de uno de los procesos más importantes que la historia de la industria en Venezuela del afianzamiento de su soberanía ya que, con el acto analizado se faculta al Ministro para que derogue cualquier normativa en materia de hidrocarburos, se le otorga igualmente funciones de rango constitucional, que rebasan, las facultades acordadas a un ministro en la Constitución y en las leyes de la materia. Se le faculta para crear, suprimir o efectuar cambios a Petróleos de Venezuela y sus filiales. Es decir que se pretende, mediante un acto que debería ser el de un estado de excepción, otorgar facultades de organización institucional en forma absoluta y permanente.

Las anteriores facultades regirían también para la ejecución de obras de infraestructura para la prestación de servicios, así como permitir la adquisición y suministro de alimentos, transporte, fletamento de buques, gasolina, gas y asfalto, sistemas de comunicación y equipos y licencias informáticas y de protección integral.

El broche de cierre está en acordar la más total y completa discrecionalidad al señalar que se procederá a la compra, adquisición y ejecución de obras mediante la modalidad de contratación directa en los múltiples casos que enuncia.

Siguiente