PODER. Lo que le da poder a los pranes en las cárceles son las armas y el poder de asesinar a los presos que se les resistan u opongan. En el caso del Centro Penitenciario de Occidente (CPO) o cárcel de Santa Ana en Táchira no hay duda que los pranes (o carros como se le dice en Táchira), luego que los otros fueran beneficiados con medidas, mandan. A las visitas del pran principal se le permite el paso por el comando “para que no hagan cola”. El día de la madre celebró porque lograron meter al penal una pistola Glock. Se ufanan de contar en su arsenal con dos R15, un FAL y varias pistolas y fusiles. Lo increíble es que ingresan al penal motos, que no se sabe para qué tipo de actividad las usan en la calle. Los vigilantes son enviados a hacerles diligencias a los presos. Un custodio fue abofeteado frente al director de la cárcel por uno de los luceros del pran molesto porque no le trajeron la marca de lo que pidió. En lo que llaman La Máxima del CPO habría varios presos tiroteados, quienes no son enviados al hospital. Ya no hacen la tradicional requisa, porque a los pranes no les gusta y amenazan a los funcionarios: “hasta cuándo están con eso, ¿quieres que te maten?”, les dicen. Hace unos días 114 presos pretendieron derrocar al pran principal. El pran dijo que no los quería ahí, y entonces los alzados pasaron varias noches durmiendo en las camionetas de traslado y luego los aislaron.

MÉRIDA. La masacre ocurrida ahí no trajo consecuencias. El pran obligó a las autoridades a firmar un acuerdo donde él se comprometía a portarse bien y el Ministerio dijo que a cambio no lo trasladaría. La fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y la Guardia se negaron a suscribir el acuerdo. La fiscalía habría abierto una investigación porque el pran contó que le dio una alta cifra de dinero y armas a un funcionario, a cambio de que no lo trasladaran. A ese pran le decomisaron una AK. En lo que va de año van ahí 23 muertos y más de 50 heridos. La última masacre comenzó el 02 de abril. El día que se firmó el acta, la última semana de abril, el pran ordenó colgar a 5 muchachos del Táchira. He ahí al pran de Mérida exhibiéndose con las armas

EMPRESA. A la encargada de la construcción de la sub -estación Tocoma y la ampliación de la sub-estación Guayana B. La suspendieron del Registro Nacional de Contratistas. Para ese proyecto, la empresa cobró 200 millones de dólares.

UNESR. Es la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Desde hace 3 años aproximadamente el Ministerio de Educación Superior elimina los convenios de la Unesr que permitían a los TSU culminar una profesionalización y obtener la licenciatura. Quienes culminaron sus estudios desde hace 2 años aún no les han dado sus títulos. Los graduandos sin título han hecho marchas, cartas, compromisos, visitas y reuniones, pero nada ha surtido efecto. Son unos 600 participantes por cada convenio. Se estima una población de 20 a 30 mil personas. Los participantes del interior del país no tienen a quien dirigirse. Hay participantes con carga académica y requisitos exigidos para optar al título y grado universitario en la Unesr desde hace 10 años. Otros estudiantes no saben a quién reclamar que les desaparecieron o les cambiaron las notas. La Unesr publicó el cronograma de graduando para el 2013, cuando no han solucionado los títulos pendientes.

GUAYANA. El oficialismo ganó las elecciones de Sutiss (Sidor) y con este van 2 de los sindicatos más grandes de Guayana; el otro fue el de Venalum. José Gil perdió en Alcasa, pero está impugnando y no es raro que termine ganando.

ACCIONISTAS. Son los minoritarios de las expropiadas cementeras Cemex y Fábrica Nacional de Cementos. A los accionistas mayoritarios extranjeros sí les pagaron el valor de sus inversiones. A los minoritarios, algunos de ellos en estado de jubilación y ese era su medio de vida, no les han pagado. “Nos sentimos despojados de nuestros ahorros y olvidados por el estado venezolano, quien tiene la obligación legal de proteger nuestros intereses mediante la Superintendencia General de Valores”. Algunos de los accionistas han sido atendidos por el Defensor de los Derechos de los Inversionistas Minoritarios, de la Superintendencia Nacional de Valores. Les ha dicho que el problema se va a resolver. Pero el tiempo pasa y muchos de esos accionistas están temerosos porque el futuro es corto.

UNEFA. Es la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada. En marzo despidieron a profesores y personal administrativo contratados de todos los núcleos. El personal contratado de todos los núcleos fue obligado a hacer largas colas, después de haber entregado los expedientes al Departamento de Recursos Humanos del Núcleo Caracas. Hay quienes creen que cuando les pidieron la cédula empezaron los problemas. “Al chequear la cédula contra alguna base de datos (lista Tascón o Maisanta), pedían ir al Decanato, y les daban la carta de despido firmada por el consultor Jurídico”. ¿La excusa? Falta de presupuesto para el período 2012. Pero ingresarán a nuevo personal y pasarán al contratado como personal fijo.

CADENAS. Es Rafael, el poeta venezolano, el de los silencios, el de la profundidad en su poesía, un día escribió: “Ella, la insojuzgable,/ no pudo detener la jauría./ Oigo voces, teas, látigos/. Desde hace meses están aquí/. Les grito: no soy el que buscan/. Pero ellas conocen su presa:/ saben que no me he movido”

ÚLTIMA HORA • Qué pésimo el servicio de Movistar. Ya ni en plena capital se mantiene la señal. • En la cooperativa Florencia de Rubio, Táchira, pasan hechos nada santos. Que indague el Ministerio Público. Ya les contaré.

JUEZ. Es Rubén Garcilazo, juez de control en el proceso de los paramilitares del Hatillo. No apareció en la primera lista de expulsión de jueces relacionados con Aponte. A pesar que venía de la jurisdicción militar no mantenía relaciones estrechas con el ex magistrado. Aponte tenía otros jueces en la Corte de Apelaciones, pero donde más tenía es en control. Meses antes de que Aponte cayera en desgracia la Sala de Garcilazo recibe la apelación de una decisión de una sala para que conociera otra sala. La orden la dio la magistrada Ninoska Queipo, a pesar que la Sala Constitucional ya le había anulado una decisión igual. No le quedó remedio y se avocó de Oficio y así la Sala Penal anulara la decisión de la Sala de Corte de Apelaciones. La dama se molestó. En el proyecto original del avocamiento, le declaraban error inexcusable a la Sala de Garcilazo, con intención de destituir a los tres de la Corte de Apelaciones, porque no conoció de una apelación contra una sentencia de otra sala de corte de apelaciones. Eso es a pesar que la Sala Constitucional le anuló a Queipo ese criterio dos días antes que la nombraran magistrada. ¿Cuál es el caso? Banco del Tesoro. Cambian el proyecto, quitan el error inexcusable, anulan la sentencia de la Sala de Corte de Apelaciones, pero se la juraron a Rubén Garcilazo y aprovecharon para sacarlo. Y otra que saldrá será Rita Hernández. El otro juez admitió la apelación y ese se queda. A Queipo la secundaron entonces en la Sala Penal, Deyanira Nieves, Coronado y Aponte. Blanca Rosa Mármol no firmó. El criterio que la Sala Constitucional le anuló a la doctora Queipo es la sentencia 1251 del 30 de noviembre 2010 y cuyo ponente fue Arcadio Delgado. El avocamiento es la sentencia Nro. 500 del 5 de diciembre de 2011. Las imputadas son las esposas de los militares gerentes del Banco del Tesoro, quienes salieron libres luego de una medida, posteriormente fue revocada, pero los militares no se presentaron