Quinto Día Online
17 de Agosto del 2017

Destacada

Residencias bajo asedio oficial

Residencias bajo asedio oficial

Eduardo Guaramato, del Comité de Víctimas de la Represión, aseguró que la presencia del Conas en las residencias no parte de un allanamiento, sino un ataque sistemático

 

“El Defensor del Pueblo no ha aparecido por ningún lado, tampoco ninguno de sus personeros se ha acercado por la residencia La Victoria para ponerse a la orden y realizar su trabajo, que está estipulado en la Constitución. Quiero que sepa que nosotros también somos pueblo y merecemos el reconocimiento de su institución”

 

 

Niur Bolivar

@NiurBolivar

 

María Castaños

@mariivi__18

 

 

Han transcurrido más de cien días desde que la oposición venezolana tomó las calles para manifestar su descontento en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Numerosas denuncias se han realizado ante el Ministerio Público por el uso excesivo de la fuerza ocasionada por los organismos de seguridad del Estado, pero ¿qué ocurre cuando la violencia les toca la puerta a los ciudadanos dentro de sus domicilios y residencias?

 

Sin orden de allanamiento ni de captura, los habitantes de distintas urbanizaciones venezolanas han tenido que convivir ante un escenario compuesto por tanquetas, bombas lacrimógenas que han sido arrojadas en el interior de sus propiedades, además de considerables daños a sus complejos urbanísticos. La violencia ha sido desatada por los cuerpos antimotines y en algunos casos se contó con la presencia de la Comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas).

 

“El allanamiento a nuestros hogares fue una situación llena de terror, nunca creímos que iba a suceder, pero en el momento que llegaron los efectivos de seguridad, específicamente la Guardia Nacional con sus tanquetas, comenzamos a escuchar gritos porque ya habían ingresado, muchos no lo creíamos”, así lo describió ‘Francisco’, un vecino del Conjunto Residencial El Paraíso, mejor conocido como “Los Verdes”, ubicado en el oeste de Caracas, quien ha decidido mantener el anonimato por temor a represalias.

 

Jesús Armas, concejal de Primero Justicia por Caracas, aseguró que “el gobierno sólo quiere utilizar los cuerpos de seguridad para infundir terror. El tema central de esto es que ellos no respetan los fundamentales de los ciudadanos, que son: el derecho a la vida y a la propiedad”.

 

Por su parte, ‘Alejandro’, un residente de la urbanización La Victoria en El Paraíso, quien prefiere mantenerse en el anonimato por su seguridad, comentó que “el primero de mayo transcurrieron en nuestras residencias más de 24 horas de represión, con un número excesivo de guardias nacionales. Tratamos de defender nuestra propiedad porque las bombas ya no eran lanzadas hacia los manifestantes en la calle, sino directamente a nuestra residencia”.

 

El concejal de Caracas reiteró que las leyes venezolanas son específicas cuando se suscitan estos casos: “Para allanar una residencia, se debería presentar una orden de cateo y además de la presencia de un fiscal del Ministerio Público, para así garantizar que no exista ningún tipo de abuso policial, ni la violación de los Derechos Humanos de los ciudadanos, pero esto no se está haciendo”.

 

‘Francisco’ comentó que el día que allanaron la residencia “Los Verdes” sus vecinos sufrieron brutales ataques cometidos por los cuerpos de seguridad. “Yo me encontraba en planta baja y subí lo más rápido posible, pude ver desde arriba el desastre; escuchaba los tiros, detonaciones, veíamos como por el puente pasaban las tanquetas. Mayor fue el terror y el pánico, porque no sabíamos con exactitud por qué estábamos viviendo eso”.

 

Asimismo, este residente aseguró que los destrozos que sufrió el complejo residencial eran numerosos; en la primera etapa destruyeron las cámaras de seguridad y “rompieron todo lo que veían a su paso, pero en la segunda etapa entraban en casi todos los apartamentos y los que no abrían le echaban tiros a las cerraduras. Cuando entraban los robaban, tengo un vecino que se le llevaron toda su comida, a otros sus dólares, prendas. A unos vecinos de la cuarta etapa, que su hijo es paramédico, le robaron todos sus implementos de trabajo. Se llevaron desodorantes y las cosas más insólitas que te puedas imaginar”, reiteró Francisco.

 

Armas puntualizó que esta situación no ha quebrantado la fortaleza de la comunidad, al contrario, los vecinos se han organizado más dentro de los urbanismos. “Hoy vemos comunidades unidas que se establecen en torno a los comités de rescate de la democracia y en los comités de victimas para llevar las denuncias a la Fiscalía y a las organizaciones de Derechos Humanos”.

 

Comité de Víctimas de la Represión

Esta organización sin fines de lucro fue concebida con el objetivo de proteger a todos los ciudadanos que han sido víctimas de amedrentamiento, violencia y uso excesivo de la fuerza. El mecanismo que utilizan es la denuncia, con un grupo de abogados y expertos que le prestan el apoyo a la ciudadanía para romper la barrera del miedo y así llegar a las instancias encargadas de la justicia venezolana.

 

Eduardo Guaramato, abogado y representante de este Comité aseguró que se han organizado desde el año 2014: “Somos agremiados en una fundación llamada Avivir, que significa ‘Victimas de la Represión y la Violencia’, nuestro fin es ayudar a las víctimas para que puedan realizar sus denuncias, además de la atención especial de psicólogos”.

 

Asimismo Guaramato señaló que “no sólo estamos atendiendo a las personas que son afectadas en sus residencias por allanamientos ilegales. Nosotros desde la fundación también asesoramos a las víctimas de la violencia en las manifestaciones”.

 

Por su parte la diputada Amelia Belisario puntualizó que “el primer objetivo es que se difunda la verdad, recopilamos la información de cada uno de los casos. Este comité funciona para que cada caso alcance la justicia y así acudir a todas las instancias nacionales e internacionales, desde allí promovemos la solidaridad entre la sociedad civil y los afectados. Asimismo acompañamos a las víctimas en todos los procesos durante la recuperación emocional”.

 

Guaramato también reiteró que en la residencia El Paraíso se realizó un taller con los vecinos: “Les explicamos que ellos tienen el derecho de preguntarle a los funcionarios qué hacen ellos allí y que muestren la orden de allanamiento”.

 

“En el caso de que no posean una orden y que ingresen de manera violenta, los vecinos deben documentar todo lo que está ocurriendo, ya que eso corresponde a una entrada ilegal a la propiedad privada”, puntualizó Guramato.

 

¿Qué pinta el Conas?

En algunos urbanismos los residentes han denunciado las actuaciones del Conas, pero la interrogante que persiste en los ciudadanos consultados es ¿por qué utilizar este tipo de cuerpo de seguridad?: “Pareciera ser que son los mejores en cuanto al entrenamiento y equipos, además que su mera presencia ya transmite de alguna manera intimidación, porque están vestidos de negro, con los rostros tapados y con la utilización de armas largas. Esto nada más es una estrategia para atemorizar psicológicamente a los ciudadanos”, explicó Jesús Armas.

 

Por otra parte, Guaramato reveló que utilizar ese equipo táctico para estos asuntos “es el mejor ejemplo de que no son allanamientos, sino un ataque sistemático de personas no preparadas para el orden público, porque este cuerpo de seguridad esta creado para evitar secuestros. Es una locura que ellos participen en los allanamientos, también es el caso del Sebin”.

 

Asimismo, la diputada Belisario consideró que “el régimen quiere sacar toda su artillería a la calle. La pregunta que debemos hacernos es por qué la arremetida de los cuerpos de seguridad y grupos paramilitares contra el pueblo. Si esto es un gobierno que se hace llamar el gobierno para el pueblo, ¿por qué los están atacando?”.

 

El abogado especificó que estos “allanamientos” se están haciendo sin ningún tipo de orden judicial. “No existe la orden de un tribunal que especifique qué se está buscando, dónde se está allanando y para qué se está haciendo este proceso. Estas son todas las características que tiene una boleta emitida por un tribunal para realizar un acto como éste. Adicional, los funcionarios que lo realizan no llevan una identificación, llevan la cara tapada y destruyen la propiedad en donde ingresan. Nada de eso está estipulado en nuestra ley”.

 

En este sentido, Armas realizó un llamado al Defensor del Pueblo: “Yo pensé que él sería el primero que saldría en defensa de los derechos fundamentales, pero hasta el momento no se ha manifestado, no ha aparecido por ningún lado, tampoco ninguno de sus personeros se ha acercado por la residencia La Victoria para ponerse a la orden y realizar su trabajo, que está estipulado en la Constitución. Quiero que sepa que nosotros también somos pueblo y merecemos el reconocimiento de su institución”.

 

Ministerio Público activo

A raíz de estos sucesos la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se reunió con los habitantes de las residencias El Paraíso, para verificar los destrozos que habría dejado el allanamiento en el conjunto residencial por parte de funcionarios de la Guardia Nacional. Posteriormente la Fiscal General solicitó una medida de protección para dicho conjunto residencial. “El Ministerio Público solicitó medidas de protección para habitantes del conjunto residencial El Paraíso mejor conocido como ‘Los Verdes’, ante las agresiones cometidas en su contra, ocurridas el pasado 13 de junio”. Asimismo, el comunicado realizado por Ortega indicó que “los funcionarios policiales en ejercicio de sus funciones deben cumplir con las prescripciones jurídico-reglamentarias establecidas para el ingreso a todo recinto domiciliario”.

 

De igual manera destacó que la omisión de estas prescripciones “sería contraria a derecho y menoscaba el ejercicio de los derechos humanos, inherentes a toda persona que habite en el citado conjunto residencial”.