Opinión

“Objeción de conciencia”

3 agosto, 2018 | 12:00 am

El nombre de la figura constituye su mejor definición, por cuanto ella está constituida por el rechazo a permitir o impedir algo (objeción) y, asimismo, alude al hecho de que lo exigido es contrario a la convicción ideológica, moral o religiosa (conciencia) del objetor.

La objeción de conciencia está presente cuando hay una exigencia legal y el destinatario de ella se niega a cumplirla, por resultarle contraria a sus dogmas internos. Constituye así la primacía de la conciencia sobre la ley. De allí que la figura implique los siguientes elementos: La obligación de adoptar una determinada conducta prevista por una ley; la presencia de un principio fundamental que el ciudadano considera no ha sido respetado por la ley; y, la habilitación que logra el objetor para actuar conforme a su conciencia.

En mi libro “Garantías y Deberes de la Constitución Venezolana” definí la objeción de conciencia (pág. 827) como “la actitud de un sujeto que se niega a obedecer el mandato de una autoridad, esto es, un imperativo jurídico, justificando su incumplimiento en la existencia de un criterio que rige su conciencia, impidiéndole realizar el comportamiento prescrito en la norma”.

En principio, la objeción de conciencia puede plantearse ante cualquier tipo de mandato que derive de una ley, tales como normas médicas; obligaciones tributarias y un elemento paradigmático, que es la prestación del servicio militar obligatorio.

Desde una postura racional que considera que el individuo debe responder en primer lugar al tribunal de la propia conciencia, la objeción de conciencia se define como un derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando contradicen los propios principios morales.

La figura de la objeción de conciencia que es propia de la legislación de los últimos 100 años, estaba presente antes, en figuras como la desobediencia al Derecho en general, o bien, en el llamado derecho de resistencia a la opresión, proclamado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, al inicio de la Revolución Francesa en 1789.

Uno de los casos más mencionados, por haber sido objeto de una sentencia del más alto tribunal americano, fue el ocurrido en 1935 cuando dos niños que profesaban las enseñanzas de la secta Testigos de Jehová, fueron expulsados de su escuela, en Pensilvania, porque se negaban a saludar la Bandera Americana, considerando que, de acuerdo con sus creencias (Éxodo 20:3.5) aquello constituía un acto de idolatría. Después de varias instancias en los cuales hubo decisiones a favor y otras en contra, finalmente, la Suprema Corte de los Estados Unidos, sentenció que los menores estaban en su derecho de ejercer la libre expresión y libertad de culto, amparados por la primera enmienda de la Constitución, al hacer que predominasen sus convicciones religiosas frente a símbolos rechazados por su conciencia.

En los momentos actuales, la objeción de conciencia está planteada en una serie de casos específicos como son: la obligación del servicio militar; la experimentación en animales vivos; la interrupción voluntaria del embarazo; las prácticas de reproducción asistida y las intervenciones de suspensión de terapias vitales.

Para que pueda alegarse la objeción de conciencia es necesario que la previsión de la figura sea expresa. Es la ley la que debe señalar los motivos en que puede fundarse la abstención de cumplimiento de una pauta jurídica. Sabemos que hay deberes que todos se resisten a cumplir, como lo son los de naturaleza tributaria, pero hay algunos que tocan los principios sobre los que se ha erigido nuestra concepción vital. Si la ley más moderna actúa contra alguno de ellos, todo el edificio de nuestras convicciones podría desmoronarse.