Opinión

“La objeción de conciencia en la Constitución”

14 septiembre, 2018 | 12:00 am

A la figura de la objeción de conciencia le dediqué un artículo anterior, pero mi interés por la materia no se ha agotado, por cuanto la considero invalorable para la protección de los derechos ciudadanos frente a los poderes soberanos.

La objeción de conciencia está mencionada en el art. 61 de la Constitución pero, lamentablemente, su redacción es contradictoria. Al efecto, el mismo nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya delito.

Este primer reconocimiento que hace el constituyente de la objeción de conciencia tiene un valor muy relativo. ¿Qué significa que la práctica de un principio ético, como es lo que se tutela con la objeción de conciencia, “puede afectar la personalidad” del objetor? Indudablemente que la limitación que el constituyente le opone al ejercicio de la objeción de conciencia es difícil de entender y, bien sabemos que, las malas interpretaciones son las que afectan a los ciudadanos en general.

Continúa diciendo el legislador que la objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. En esta segunda frase es más evidente la contradicción del constituyente, porque la objeción de conciencia está por encima de las normas que la conciencia rechaza.

Vamos a comenzar desde el principio, para que pueda entenderse el porqué de las dudas frente al art 61. En efecto, la objeción de conciencia es el derecho subjetivo, acordado a los ciudadanos, de inaplicar los mandatos de la autoridad que contrasten con los principios fundamentales de los destinatarios de tales decisiones. El nombre de la figura misma nos dice cuál es su mejor definición, ya que, comienza por señalar que es un “rechazo”.

El segundo elemento es el objeto del motivo del rechazo, constituido por cualquier exigencia que se haga al sujeto, individualmente, o como miembro de un grupo, de hacer o no hacer algo; de inhibirse o de aceptar una carga.

El tercer elemento de la objeción de conciencia es que la razón que justifica su ejercicio, constituida por una pretensión contraria a la convicción ideológica, moral o religiosa del sujeto, es contraria a su conciencia.

Recordemos que, la objeción de conciencia, está presente cuando hay una exigencia legal que una autoridad alega ante un sujeto para fundamentar sus actos. Es decir, hay una norma que obliga a hacer algo o a abstenerse, lo cual sin embargo, es contrario a lo que la conciencia ordena.

Un ejemplo cercano es el llamado a inscribirse en un determinado partido, que es contrario a las ideas políticas del afectado, ya que tiene postulados sobre el Estado, contra los cuales el objetor ha luchado.

Como podemos comprender, la figura es particularmente compleja y, aceptarla en su totalidad, implica un avance muy grande en la comprensión conceptual de la sociedad. Es por eso que una revisión de los diferentes textos constitucionales de nuestras colegas sudamericanas, nos revela, con tristeza, que es una minoría la que la consagra en su Texto Fundamental. Es también por eso que la definición del art. 61 ejusdem, en su última oración, revela que no hay reconocimiento verdadero y real de la objeción de conciencia, ya que prohíbe que la misma se ejerza cuando se rechaza el dar cumplimiento a un acto fundado en una norma que lesiona principios morales fundamentales.

En estos momentos, cuando la autoridad nos exige como condición la tenencia de un carnet o cédula vinculada al régimen de gobierno, para acordarnos el ejercicio de derechos básicos como lo es el de votar o el de llenar el tanque de gasolina del carro; debemos enfrentarnos a tales exigencias planteando nuestra objeción de conciencia.

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