Quinto Día Online
25 de Mayo del 2017

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La economía comunal reforzaría el centralismo

La economía comunal reforzaría el centralismo

De acuerdo a la Memoria y Cuenta del Ministerio encargado de las comunas, al cierre de 2015 existían 45 mil 407 consejos comunales

 

 

Víctor Salmerón

@vsalmeron

 

 

El primero de mayo el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a “una Constituyente profundamente obrera, decisivamente obrera, profundamente comunal”. Entre otros propósitos el gobierno desea introducir en la Constitución elementos que ya han sido plasmados en distintas leyes que permiten realizar un bosquejo de cuál es la economía que se buscaría construir bajo un sistema comunal.

 

La economía comunal ya tiene todas sus leyes aprobadas (Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Ley de Transferencia, entre otras). El rompecabezas diseñado en las leyes indica que las comunas son agrupaciones de ciudadanos organizados, conocidos como consejos comunales. A su vez, cada comuna tiene empresas que asumirán atribuciones que hoy pertenecen a las gobernaciones y alcaldías, mientras que el banco comunal administrará el dinero y el parlamento comunal aprobará las normas que aparecerán en la gaceta comunal.

 

Las empresas comunales serán la expresión del hombre nuevo. Sus integrantes “no tienen derecho o participación sobre el patrimonio” y el reparto de ganancias, que en la ley se menciona como “excedentes económicos”, cuando existan, “se hará a través de la reinversión social en beneficio de la colectividad”.

 

Los mecanismos de toma de decisiones y la elección de la directiva de la empresa se harán a través de “asambleas populares, referendos y otras formas de participación popular” y no podrán asociarse con “sociedades mercantiles o compañías de comercio” y en caso de ser liquidadas, los bienes no podrán permanecer en manos de nadie en particular, serán de propiedad social.

 

El camino ya está pavimentado para que las alcaldías y gobernaciones transfieran parte de sus atribuciones a las empresas comunales, lo que se traduciría en el debilitamiento de estas instancias de poder que son elegidas mediante el voto popular.

 

El artículo 11 de la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias señala que al “inicio de cada año”, los “órganos del poder público nacional, los estados y municipios, deberán presentar a la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno un plan anual de transferencia de gestión de servicios, actividades, bienes y recursos”.

 

Las competencias a transferir son extensas. Entre las más importantes destacan el mantenimiento de establecimientos de atención primaria de salud, de centros educativos, y de instalaciones deportivas y culturales; además de la administración de programas sociales y áreas industriales, recolección de desechos sólidos, construcción de obras comunitarias, administración y prestación de servicios públicos, prestación de servicios financieros, así como la producción y distribución de alimentos.

 

Se trataría de un paso adelante en el centralismo, al restarle competencias a las instancias regionales; y al agigantamiento del Estado, porque si las empresas comunales son creadas a instancia del gobierno, sin capital propio, sin reparto de ganancias, no son más que nuevas organizaciones que pasan a depender de un gasto público altamente dependiente de los precios del petróleo.

 

El Plan de la Patria señala expresamente la necesidad de “mantener e incrementar los sistemas de compras públicas” con el objetivo de desarrollar, entre otras iniciativas, a las empresas comunales.

 

En su análisis “Comunas y comunismo en el siglo XXI”, el economista Ronald Balza resume que “este es un sistema donde, por lo tanto, el Estado articula las cadenas productivas, adquiere los productos de las organizaciones, contrata en su nombre intercambios internacionales, vela por la ‘justicia’ de los intercambios y puede mantener la propiedad pública de los medios de producción”.

 

El avance

 

El Plan de la Patria contempla “acelerar la conformación los Consejos Comunales a nivel nacional, garantizando la cobertura del 70% de la población total venezolana organizada en Consejos Comunales para el año 2019”.

 

Por ahora el objetivo luce lejano. De acuerdo a la memoria y cuenta del Ministerio encargado de las comunas al cierre de 2015 existían 45 mil 407 consejos comunales y por tanto se infiere que solo 15% de la población participa en estas organizaciones.

 

El primero de enero, en un encuentro con comuneros del estado Vargas, Aristóbulo Istúriz, ministro de Comunas, subrayó la necesidad de producir: “Vamos a ponerle todos apellidos a las comunas, vamos a llamarlas comunas productivas, porque la comuna que no produzca no es comuna (…) toda comuna tiene que producir algo”.

 

Agregó una idea para comenzar desde el primer mes del año: “Las clases comienzan en septiembre, desde ya tenemos que ir pensando en los uniformes (…). Desde ya tenemos que empezar a ver cuántas máquinas de coser necesitamos, cuánta tela, cuánto hilo, cuántas mujeres nuestras van a coser, cuántos consejos comunales se van a comprender, es ahora”.

 

Este año 300 comunas tienen la meta de cultivar 120 mil hectáreas, de acuerdo al Plan Siembra Comunal que recibirá 90 millardos de bolívares por parte del Estado.

 

El aprendizaje

 

De acuerdo con el presidente Nicolás Maduro, las comunas son la expresión de la democracia que desea impulsar con la Constituyente. El pasado primero de mayo afirmó: “¿Qué son los consejos comunales? Democracia directa en lo social y en lo político, democracia protagónica, participativa, directa, y todas las formas que hemos aprendido en 18 años para establecerla, fortalecerla, constitucionalizar las comunas y los consejos comunales y el Poder Comunal, llevarlo al rango más alto del país, que es la Constitución”.

 

“¿Hay alguna razón ética, política, constitucional para que las comunas no tengan una poderosa representación de constituyentes llevando lo mejor de su experiencia para construir un mejor país?”, se preguntó el Presidente.