Quinto Día Online | Hacinamiento, corrupción y muerte: el cóctel que sirven en las cárceles de Venezuela
País
Hacinamiento, corrupción y muerte: el cóctel que sirven en las cárceles de Venezuela
AUTOR
Oswin J. Barrios
oswiin19@gmail.com
@oswinjoses
6 abril, 2018 | 12:00 am
La mañana del día miércoles 28 de marzo los prisioneros recluidos en las celdas del Comando General de la Policía de Carabobo tomaron como rehén a un guardia de turno y provocaron un alzamiento. Los reos amenazaron con matar al oficial con una granada si no se cumplían sus demandas, algunos como medida de protesta prendieron fuego a los colchones.
Según sus familiares, la reyerta empezó cuando las autoridades intentaron dispersar una fiesta supervisada por los “pranes”, quienes amenazaron o compraron su aprobación para así tener acceso a drogas, alcohol y prostitutas.
El incendio es uno de los peores desastres en la historia carcelaria de Venezuela, con un saldo de 68 personas muertas: 66 hombres y dos mujeres que pernoctaron en la sede de la Policía de Carabobo, ubicada en el norte de ese estado. A este suceso le siguen el enfrentamiento en una prisión de Barquisimeto en enero de 2013, donde murieron 61 personas; las 39 víctimas mortales del motín en Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas el año pasado, y las 19 personas que murieron en el incendio del penal Tocuyito, Carabobo en 2015.
Lo sucedido en los calabozos del Comando General de la Policía de Carabobo es un reflejo de la situación carcelaria en Venezuela que cuenta con 400% de hacinamiento, según estima el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), ello aunado a las muertes por hambre y el estado de insalubridad en que se encuentran los retenes policiales y penitenciarías venezolanas.
“La situación carcelaria en el país se pudiera resumir en una grave violación de los derechos humanos donde hay un alto riesgo de salud e integridad física de los presos”, denunció Marino Alvarado, director de Provea, al tiempo que reveló lo que sucede en estos recintos: “En primer lugar, se produce la muerte por hambre debido a que los organismos policiales no tienen presupuesto para alimentar a los presos. Los detenidos en los retenes dependen exclusivamente de la alimentación que le lleven los familiares, sin embargo hay algunos que no son visitados por sus parientes, o porque están muy lejos, o porque no quieren visitarlos. Esos presos viven de las sobras y de la solidaridad que les brindan los otros reclusos, no obstante mueren por no recibir los suficientes alimentos para sobrevivir”.
En 2017 murieron ocho presos en calabozos policiales y en lo que va de 2018 han fallecido dos por desnutrición. Alvarado cuenta que el tema del hambre en los retenes policiales es un problema grave porque la mayoría de las familias son muy pobres y no tienen la capacidad de darle las tres comidas a su familiar recluido. “Casi la totalidad de los presos no reciben ni una comida diaria y en el caso de que pueda ser preparada por los familiares, les cobran dinero a los parientes para que puedan pasar la comida”, expresó.
Agregó que otro problema que se presenta en estos espacios es la salud; entre febrero-marzo de 2018, solo en el estado Falcón, han muerto siete presos en calabozos por tuberculosis.
Para Marino Alvarado el estado de hacinamiento en los calabozos judiciales “es consecuencia de la política del sector penal, promovida por la actual ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, de represar en los calabozos a las personas mientras los tribunales les dictan medidas privativas de libertad”, expresó el director de Provea, cuando lo normal y lo que establece la Constitución —explica— es que el juez, una vez que establece la privativa de libertad, determina cuál va a ser el lugar de reclusión que debe ser una cárcel. “Lo que viene ocurriendo es que en lugar de enviarles a la cárcel, se les remite a los calabozos policiales donde deberían estar detenidos no más de 72 horas, mientras la persona es presentada ante el juez. Una vez hecho esto, el magistrado dicta la privativa de libertad y debe ser trasladado a la cárcel, pero la ministra Varela impuso la política de que es el Ministerio quien la autoriza”.
Informó que muy pocos reos son enviados a las cárceles y en un recinto capacitado para 40 personas pudieran tener hasta 100.
En 2011 fue creado el Ministerio para Asuntos Penitenciarios, pero desde esa fecha en adelante se contabilizan 21 tragedias ocurridas en cárceles venezolanas, a lo que Marino Alvarado calificó de “pobre” los resultados de la gestión de dicha cartera, “pues los problemas estructurales del sistema se mantienen: retardo procesal, una enorme corrupción y la falta de infraestructura, pues no se han construido nuevas cárceles”. No obstante, refirió que en los últimos años la violencia entre presos ha disminuido “levemente”, asegura.
El caso de Policarabobo es la excepción de lo que ha denunciado el Observatorio Venezolano de Prisiones, como “una política de Estado no investigar las muertes en las cárceles venezolanas”, esto a razón de que de los 21 sucesos, solo en uno se han determinado responsabilidades, precisamente el más reciente ocurrido en la Comandancia Policial de Carabobo, en el marco de una coyuntura electoral.
José Luis Rodríguez, subdirector de la Policía de Carabobo, y los funcionarios José Antonio Loaiza, Aníbal Antonio Padrón, José Rafael Colina y Sergio Enrique Rodríguez fueron imputados el martes 3 de abril por su vinculación con el motín. En los casos de Rodríguez y Loaiza fueron acusados de homicidio calificado en grado de coautor y omisión de socorro, así como introducción de arma de fuego y municiones en retenes policiales.
Los efectivos Colina, Rodríguez y Padrón fueron imputados por corrupción propia.
Por su parte, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se pronunció este miércoles sobre la situación y condenó la muerte de las 68 personas. Igualmente exhortó al Ministerio Público a no solo establecer responsabilidades a los autores materiales de los hechos, sino a las autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión de lo ocurrido en Carabobo.