Opinión

Genocidio silente

2 marzo, 2018 | 12:00 am

En los casos en los cuales aparece una crisis que incide sobre los derechos económicos fundamentales, es necesario determinar dónde están los elementos que la fomentaron, o aquellos que permitieron que se ampliaran sus efectos. A los juristas nos corresponde, así, analizar cualquier acto que haya operado a favor de la peor de todas las crisis que nos han golpeado: la crisis sanitaria.
En este orden de ideas nos corresponde analizar la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que anuló la Ley Especial para atender la Crisis Nacional de Salud, del 3 de mayo de 2016.

La nulidad de la ley aludida fue solicitada por el Ejecutivo, por estimar que usurpaba competencias que le eran atribuidas. La Sala consideró fundados los argumentos del impugnante, estimando violadas por el legislador las competencias constitucionales que ejerce el Presidente de la República, en virtud de la declaración de un estado de excepción, que había sido decretado para combatir “una guerra económica”, y que el hecho de que la OEA se aboque a debatir la severa crisis del país, como lo señala el fallo, sería una actuación inconstitucional. Al efecto, dice la sentencia que “obligar al Ejecutivo Nacional a aceptar la cooperación internacional, incluso, cuando no haya mediado una solicitud previa, hace que la ley haya incurrido en una inconstitucional cesión de la soberanía del Estado venezolano a una organización internacional”, ya que los sujetos llamados a prestarla “tendrían la potestad de decidir en qué va a consistir dicha cooperación y con qué calidad y condicionalidad sería entregada”. Además, observó que “los productos medicinales que sean enviados a Venezuela, podrían ser de los llamados pre-comerciales, es decir, los que están en etapa de investigación, así como podrían consistir en fármacos susceptibles de afectar la salud en seres humanos”, o podría tratarse de productos que “pueden fabricarse en el país”.

Como puede apreciarse, los argumentos fácticos y jurídicos de la sentencia son circunstancias hipotéticas que, entre otras cosas, escapan a la práctica internacional de la ayuda humanitaria.

Lo anterior nos obliga a hacer algunos señalamientos sobre la situación sanitaria. En efecto, los organismos médicos nos informan que desde el 2015, la escasez de medicinas es de más del 80%, y cuando se habla de tales fármacos se incluye a los medicamentos de uso diario para tratar la diabetes o la hipertensión, los antibióticos, los fármacos anti infecciosos y los antibacterianos. Los precios de los que pueden obtenerse, sobrepasan la posibilidad de sus adquirentes.

En el campo hospitalario, según la Encuesta Nacional de Hospitales 2017, efectuada por la ONG “Médicos por la Salud”, conjuntamente con el Observatorio Venezolano de Salud, el 76% de los hospitales para tal fecha, carecían de medicinas; el 81% no poseía material quirúrgico (catéteres o sondas); el 86% tenía sus equipos de rayos X dañados; el 94% de los tomógrafos averiados y en el 44% de esos hospitales, los quirófanos estaban cerrados.

En el más reciente Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, se señala un incremento del 30% en mortalidad infantil y el 65% de mortalidad materna.

Indudablemente que un mal trae otro mal, y es el de las personas que emigran, que se calcula que en los últimos 17 años llegó a 2 millones de venezolanos, según el estudio realizado por la Universidad Simón Bolívar. De ellos, alrededor de 16 mil son médicos. Hay quien dice que esta situación sanitaria del país constituye un “genocidio silente”, y creemos que debe ser así, porque no llegó hasta los oídos de quienes suscribieron el fallo comentado.

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