País

Elecciones adelantadas carecerían de credibilidad

9 febrero, 2018 | 12:00 am

CNE se estaría saltando hasta 113 actividades preelectorales

 

Un especialista en materia electoral, asegura que el proceso “tiene vicios de carácter jurídico y no sería reconocido por instituciones o representantes de otros países”

 

 

Oswin J. Barrios

@oswinjoses

 

 

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) oficializó la candidatura del actual presidente de la República, Nicolás Maduro, el viernes 2 de febrero.

 

“Acepto la candidatura del PSUV para llevar a Venezuela a una recuperación total de nuestra patria, y hacer de nuestro país una potencia”, dijo el mandatario luego de recibir el estandarte de la tolda roja durante el III congreso extraordinario del partido, efectuado en el Poliedro de Caracas.

 

La petición fue hecha momentos antes por el constituyente y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien preguntó a los 580 delegados de la organización política si estaban de acuerdo con que Nicolás Maduro fuera candidato en las próximas elecciones presidenciales. Respondieron “sí” al unísono. Seguidamente fue declarado como el abanderado para buscar la reelección.

 

Anteriormente, Cabello y Maduro habían solicitado al Poder Electoral fijar la fecha de los comicios de forma inmediata, y realizar las elecciones “antes del día 30 de abril”, a lo que el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Emilio Rondón, respondió que es una “atribución exclusiva del Poder Electoral fijar los escenarios electorales”.

 

“La organización de un proceso electivo necesita tiempo, garantías, definición de etapas con claridad y respeto a cada una de las partes que deben transitar en ese proceso”, indicó Rondón.

 

Señaló que cuando se habla de una definición de temporalidad “distinta al Poder Electoral, hablamos de un proceso impuesto”.

 

“Votaciones atropelladas”

 

Aníbal Sánchez, experto electoral y analista político asegura que el evento electoral que propone hacer el Presidente de la República “tiene varios vicios de carácter procesal y jurídico desde su origen”.

 

“El estamento jurídico en Venezuela establece que las elecciones no son llamadas ni decretadas. Según la legislación vigente, tienen que ser convocadas. Esta etapa está regulada por el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el procedimiento conlleva publicar un cronograma donde se contemple aproximadamente 113 actividades, entre publicaciones, aspectos procesales, aspectos de programación, convocatorias, auditorías, y se estima que para desarrollarlas se necesitan 163 días; aproximadamente 5 meses y medio”.

 

A juicio de Sánchez, realizar unas elecciones en los primeros días del mes de abril sería “totalmente atropellante, porque no permitiría realizar muchas de las etapas del proceso eleccionario, restándole credibilidad y transparencia. Las condiciones electorales serían totalmente adversas”, denunció.

 

Sobre si perjudicaría al bloque opositor no tener aún el candidato que se mida con el presidente Maduro en las próximas votaciones, las cuales dijo el mandatario nacional que iría “con o sin oposición”, el doctor en Ciencia Política y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, Daniel Varnagy, expresó que sería “terrible y entreguista, si fuéramos parte de un sistema democrático”. Sin embargo, enfatizó que “no se puede catalogar al presente sistema venezolano como democrático, por lo cual la convocatoria a elecciones es ilegítima”.

 

El profesor aseveró que la elección fue convocada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), “un ente que no tiene las competencias ni las facultades para hacerlo, por tanto es una convocatoria ilegítima e ilegal”.

 

Varnagy también dijo que la ANC tiene severos y serios cuestionamientos a nivel internacional sobre su legalidad, al tiempo que refirió que el CNE debe ser autónomo, “pero está al servicio de la Constituyente, que a su vez está adherida a la voluntad del actual Presidente de la República”.

 

Sobre este tópico, Aníbal Sánchez expresó que lo correcto a estas alturas sería que el candidato unitario elegido por la oposición debería estar recorriendo el país en una primera vuelta de diagnóstico, “que salga a recorrer Venezuela para que conozca las necesidades y saber qué es lo que quieren esas personas, y así elaborar una oferta electoral”.

 

“Posteriormente, debería hacer otra vuelta para presentar dicha oferta”, aseguró el experto en temas electorales. Asimismo cuestionó la forma electoral planteada por el Presidente de la República, calificándola como “atropellada”.

 

“¿Cómo va a mediar un período de campaña de 20 días, cuando las entidades federales del país son 24? Es decir, no le estaría quedando ni siquiera un día por estado al candidato”, detalló Sánchez.

 

El también investigador independiente describió la situación del posible candidato, el cual se verá limitado con lo referente a su traslado.

 

“No hay pasajes, los pocos aviones disponibles sabotean las operaciones a los equipos de campaña. Es prácticamente inaceptable para muchas personas. Por eso se ha venido cuestionando la participación o no del bloque opositor”, recalcó Sánchez.

 

Asimismo, indicó que la candidatura para las elecciones presidenciales debe ser unitaria, independientemente de si se logra, como condición, una fecha posterior a la primera semana de abril, “debe estar acompañada de esa oferta electoral, que prácticamente es un plan de reconstrucción del país y debe involucrar a la mayoría de los sectores”.

 

“Somos Venezuela” y demás partidos

 

Sobre la creación del Movimiento Somos Venezuela (MSV), Aníbal Sánchez aclaró que la organización con fines políticos hizo un cambio en la denominación del partido que era el Nuevo Camino Revolucionario (NCR), tolda política que en su inicio, en el año 2008, estuvo ligada a la figura del fallecido Luis Tascón, disidente del chavismo.

 

“Ellos, amparados en el artículo 7 de la Ley de partidos hicieron el cambio de acuerdo con sus estatutos, pero irrespetan el artículo 10 de la ley anteriormente señalada. Este versa sobre la renovación de la nómina de militantes, que ocurre al año siguiente después de que inicie un período constitucional. La definición de cuando inicia un período constitucional lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2017, institución que precisó al período constitucional con el año posterior a las elecciones parlamentarias (2016), a fin de medir el parámetro del 1% que deben tener todos los partidos para no legitimar mediante una votación lista, pero esa jamás la hay en unas elecciones parlamentarias, ni en una elección irregular de alcaldes, ni de gobernadores”, expuso Sánchez.

 

El investigador independiente señaló que “faltaron al artículo 10 para perjudicar algunos partidos, específicamente los que no habían postulado en las elecciones de gobernadores. Eso demuestra que las instituciones trabajan de manera subordinada a la ANC”.

 

En cuanto a la doble militancia, argumento avalado por el TSJ para invalidar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Sánchez reveló que este criterio no existía y lo trajo al estamento jurídico en Venezuela el TSJ en su sentencia número 01 del año 2016, cuando introduce para la renovación de partidos dos criterios nuevos: 1) constatación por medio del mecanismo de huellas y datos biométricos 2) criterio de la no doble militancia.

 

“Para poder introducir este criterio en Venezuela tuvieron que utilizar la legislación comparada y se fueron con leyes de otras naciones, porque en nuestro país no existía ese antecedente”.

 

Aníbal Sánchez recordó que los países donde existe el criterio de no doble militancia son aquellos donde hay financiamiento de entes públicos a la estructura de los partidos, “entonces para evitar que una agrupación de militantes tuviera financiamiento por distintos lados, se aplicó el mecanismo de la no doble militancia”.

 

Igualmente indicó que en Venezuela no hay financiamiento directo de instituciones públicas a los partidos, y destacó que ese decreto, aprobado en enero de 2016, lo aplican retroactivamente a una organización de fines políticos que habían formado en julio de 2012, como fue la tarjeta de la MUD, aplicando hechos anteriores a su entrada en vigor y “contradictorio con el artículo 24 de la Constitución Nacional”, dijo Sánchez.

 

Respecto a las invalidaciones a partidos políticos durante los últimos años, detalló que entre “renovaciones y otros escollos”, de 62 organizaciones que habían en 2015, 59 de ellas fueron llamadas a validar en 2016 y solo 22 lograron inscribir candidatos a las elecciones regionales, efectuadas en 2017.

 

“Sucede que desde 2017, cinco partidos ligados a la oposición no postularon (MUD, Puente, Acción Democrática y Primero Justicia). Eso obligó a que renovaran”, apuntó Sánchez.

 

Actualmente las toldas políticas que quedan como organizaciones afines al sector opositor, son ocho: Movimiento al Socialismo; Independientes por el Progreso; Copei; Avanzada Progresista; Un Nuevo Tiempo; Nuvipa y upp89, mientras que el bloque patriótico, incluyendo el cambio de denominación del novel partido Somos Venezuela, tendría 10 organizaciones.

 

Candidato Ramos Allup

 

Para Varnagy, la gestión del diputado Henry Ramos Allup cuando estuvo al frente de la AN fue “pésima, ya que no renovó a los rectores del CNE y tampoco a los del TSJ”, algo que pone en entredicho su pretensión presidencial.

 

“Henry Ramos a lo largo de toda su vida ha tenido una sola aspiración: ser presidente de Venezuela. No obstante, al evaluar su desempeño como presidente de la Asamblea Nacional, pudiéramos decir que fue malo. Ramos es una persona con una gran capacidad discursiva, pero sus intenciones reales quedaron en entredicho a la luz de los resultados de su gestión”, afirmó Varnagy.