Opinión

El presidente (anti) obrero

28 septiembre, 2018 | 12:00 am

De Hugo Chávez era perfectamente imaginable una postura antisindical y, por tanto, antiobrera. Su formación y pensamiento militaristas, reforzados con las tesis de Norberto Ceresole (líder-pueblo-fuerzas armadas) podía prefigurar una conducta reñida con los intereses fundamentales del movimiento de los trabajadores.

Así que una vez en el poder, Chávez pretendió doblegar y colocar a su servicio a las organizaciones sindicales, cosa que no pudo lograr gracias a las convicciones autonómicas prevalecientes en el liderazgo de las diversas ramas de la actividad laboral, así como a la defensa sindical de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y de la correspondiente legislación interna, incluida la recién aprobada Constitución del año 1999.

Sin embargo, se dio a la tarea de segregar a las centrales, federaciones y sindicatos autónomos y a excluirlos de la toma de decisiones fundamentales que interesaban y comprometían la vida y el destino de los trabajadores. A Chávez le gustaba dictar autocráticamente cualquier decisión que tuviese que ver con las reivindicaciones laborales, de modo de aparecer como un gran protector de los trabajadores, sin tener que compartir los créditos con ningún movimiento o liderazgo social. Nada de incómodas convenciones colectivas en el sector público. Tampoco aceptar presiones, pliegos conflictivos, paros, ni mucho menos huelgas.

En ese afán, algunas organizaciones y dirigentes sindicales le sirvieron de comparsa, pero solo ejercían un papel ornamental. La posterior creación de la llamada Central Socialista Bolivariana de Trabajadores apuntaba precisamente a disponer de una fachada sindical que institucionalizara la segregación absoluta del movimiento sindical autónomo y, de ser posible, su aniquilación.

Claro que en la tarea de debilitar al sindicalismo autónomo también jugaron un inocultable papel las aventuras putchistas a las que algunos de sus dirigentes condujeron a buena parte de este, las cuales tuvieron su máxima expresión en los años 2002 y 2003. La persecución gubernamental contra el liderazgo obrero se agudizó y restó fuerza al luego mucho más atomizado movimiento sindical.

Tras la enfermedad y muerte de Chávez, el inesperado ascenso de Nicolás Maduro a la Presidencia de la República pudo haber dado pie a que, teniendo como había tenido participación en el sindicalismo, este introdujera aunque fuese un moderado cambio de actitud respecto al movimiento sindical y la legislación laboral.

Pero no. Las inspectorías del trabajo, los tribunales laborales y el Tribunal Supremo de Justicia siguieron al servicio de los intereses políticos del patrón estatal.

Continúa el saboteo institucional al registro de sindicatos autónomos, mientras se facilita el de los autodenominados “sindicatos bolivarianos”, aun sin cumplir los extremos de ley. Se obstruye el ejercicio legal y contractual del fuero sindical, el derecho a la contratación colectiva, a la celebración soberana de elecciones sindicales y renovación de sus directivas, se excluye a las centrales no oficialistas de la representación en los organismos internacionales del Trabajo, se mantiene la confiscación de sedes sindicales, se otorgan subsidios financieros y demás prebendas exclusivamente a sindicatos y federaciones rojo-rojitos, entre otras prácticas reñidas con la Constitución y los convenios de la OIT.

En la fijación del salario mínimo, en la pulverización del salario y de las prestaciones sociales por la vía de la bonificación, y en otras importantes condiciones laborales, hace rato que Maduro cogió el paso autoritario de su antecesor, al igual que en el resto de las políticas económicas y sociales. Y así las cosas, terminó administrando los despojos del legado de Chávez, sin introducir a tiempo los cambios necesarios para evitar la profunda crisis en la que hoy se encuentra el país, cuyas principales víctimas son precisamente los trabajadores.

El salario mínimo se ubicó entre los más bajos del mundo, apenas dos o tres dólares mensuales. Hoy, con el nuevo cono monetario, está en unos dieciocho dólares amenazados de ser rápidamente devorados por la galopante hiperinflación.

La gestión del autodenominado “Presidente Obrero” ha conducido a un empobrecimiento tal de la sociedad que millones de compatriotas han optado por buscar en otros países una sobrevivencia digna que el suyo les niega. La inmensa mayoría de la diáspora venezolana está constituida por trabajadores y sus familias.

Y en territorio nacional llueven las protestas de los trabajadores de la salud, del magisterio, de las empresas básicas, de los universitarios, de la electricidad, del Seniat, de los campesinos, de los pensionados y jubilados, entre muchos otros.

Del Maduro obrero queda apenas el recuerdo.