Ultrasecretos

Del poder a la cárcel

9 marzo, 2018 | 12:00 am

Especial para Quinto Día.

¿Quién dijo que los socialistas eran santos o que a los de la derecha no les gustaba “meter la mano” en la caja del Estado?

Si alguien lo afirmó, quedó muy mal.

Y para demostrarlo vea los escándalos de corrupción en países como México, Guatemala, Honduras o Panamá, cuyos presidentes dejaron un rabo. Y muy largo.

Sus cuentas están en el exterior y Suiza es el país preferido. Allí también están los dineros de la corrupción venezolana, como igual están en Andorra.

Para un investigador de España, son políticos de este país, unos revolucionarios y otros empresarios o de la derecha.

El último caso que apareció vincula a un empresario, primo de un exministro y el de un gobernador que se apresuró a desmentir la versión del diario El País.

Diez mil millones de dólares lavaron los políticos venezolanos, en los últimos quince años.

Pero es un mal latinoamericano y mundial. Ahora aparecen rusos, y brasileños como Lula y Temer; mujeres como Cristina Kirchner y otras que también ejercieron importantes cargos.

Los textos que publico a continuación son producto de la investigación de periodistas de estos últimos países.

Léanlos. Y envíen sus comentarios.

Y prepárense los venezolanos y colombianos, incluido Santos.

Lula en apuros

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil empezó a analizar este martes un pedido de habeas corpus para evitar que el expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva sea arrestado para cumplir una condena a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Un rechazo de ese recurso reducirá las posibilidades del exmandatario de 72 años de seguir en libertad, cuando la corte de segunda instancia que lo sentenció termine de juzgar la apelación, que ya tiene en trámite.

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La audiencia del STJ se enfocó desde su inicio en dilucidar si el eventual arresto de Lula, sin agotar todas las instancias judiciales, viola su presunción de inocencia, como sostiene su defensa.

El juez Félix Fischer, quien instruyó el expediente en el STJ, abrió la votación con un voto en contra del expresidente, favorito para ganar las elecciones de octubre.

“Deniego el habeas corpus (…), no está comprometida la presunción de inocencia”, dijo, en sintonía con una premisa establecida en 2016 por el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema).

Su colega, Jorge Mussi lo siguió, dejando la cuenta a un solo voto de formar una mayoría en contra del habeas corpus en la corte responsable de la palabra final en litigios que no involucren cuestiones constitucionales.

El recuento solo será, sin embargo, definitivo cuando los cinco magistrados hayan votado, pues durante los debates tienen derecho a cambiar de parecer.

La decisión de este martes estará limitada al habeas corpus y no bloqueará otras herramientas legales que podrían cuestionar el fondo de la sentencia, incluso ante el STF.

De hecho, el equipo legal de Lula ya presentó otro habeas corpus preventivo ante la corte suprema, para que pueda seguir en libertad. Ese recurso también fue rechazado preliminarmente y está pendiente de ser examinado por el plenario.

En paralelo a las cortes penales, la justicia electoral podría impedir que Lula se postule a las elecciones de octubre, por tener una condena ratificada en segunda instancia.

“Espero que las personas que me van a juzgar hoy en el STJ lean el proceso, lean las acusaciones y la defensa y permitan que el pueblo me juzgue en octubre”, señaló el exmandatario en sus declaraciones radiales.

Cristina y De Vido

La mujer con más poder en el país austral entre 2007 y 2015, viuda del también exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007), tendrá que sentarse en el banquillo, en una fecha aún por determinar, junto a quien fuera ministro del área de Obras Públicas, Julio De Vido, y el constructor Lázaro Báez, ambos ya en prisión preventiva por otras causas, entre otras personas.

Fernández “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado, que estaban bajo su responsabilidad”.

El juez Julián Ercolini hace así lugar a la posición del fiscal Gerardo Pollicita, quien había pedido abrir el juicio oral de la causa, en la que se investiga el presunto ‘direccionamiento’ de contratos de obras públicas a favor del Grupo Austral, propiedad de Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz -cuna del kirchnerismo- durante los gobiernos de Kirchner y su esposa.

Según el fallo del magistrado, Fernández, en su carácter de presidenta, “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional, que estaban bajo la órbita de su responsabilidad”.

La investigación apunta a que se pergeñó un plan en Santa Cruz para el manejo “fraudulento” de fondos estatales en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los gobiernos kirchneristas.

A los imputados se les acusa de haber formado parte de una asociación destinada a cometer delitos; para “apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada” de los fondos asignados a la obra pública vial. Todo mediante licitaciones con “múltiples irregularidades”, destinadas al favorecimiento del empresario.

En el relato de los hechos establecido por la justicia, se destaca cómo se realizó la “conversión formal” de Báez, amigo durante años del matrimonio presidencial, en empresario de la construcción para luego “ser insertado” en el negocio de las contrataciones de áreas de infraestructura del Estado. Se nombra como prueba que pocos días antes de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia, Báez, junto con dos socios, fundó el Grupo Austral.

“En pos de llevar adelante las maniobras del plan primigenio, el mentado expresidente montó la estructura institucional de su gobierno con distintas personas de su confianza, quienes en su mayoría formaron parte de diferentes áreas gubernamentales de la provincia de Santa Cruz, de la que Kirchner fue gobernador entre 1991 y 2003”, explica Ercolini en el fallo. Presumiblemente, esa estructura fue mantenida a partir de 2007 con el comienzo del mandato de Fernández.

La causa de Ercolini se relaciona, inevitablemente, con otras dos que afectan también, principalmente, a Fernández y Báez, y en las que se investiga si se usaron dos sociedades inmobiliarias de los Kirchner para recibir, mediante arrendamientos de propiedades, transferencias millonarias de parte de empresarios como Báez, que a su vez habían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.

Este no será el primer juicio abierto contra la exmandataria: en marzo de 2017, otro juez anunció que la sentará en el banquillo por el millonario perjuicio económico del Estado, que supuestamente generó la decisión de su gobierno de que el Banco Central vendiera dólares a un precio por debajo del establecido en la Bolsa de Nueva York.

En total, la ex jefa de Estado está procesada en cuatro causas, dos de ellas por corrupción. Además, se enfrenta una orden de detención -que no se ha hecho efectiva por contar con fueros parlamentarios- por el presunto encubrimiento de ciudadanos iraníes, acusados del ataque a la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.
Fernández, opositora al gobierno de Mauricio Macri, ha negado en multitud de ocasiones los cargos que se le imputan y reiterado que se siente víctima de una persecución política impulsada por su sucesor.

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