Economía

Cae 21% la producción de alimentos en las empresas privadas

25 noviembre, 2016 | 12:00 am

Las cifras de Cavidea indican que al cierre de octubre hay un importante declive en rubros como harina de maíz, arroz, pastas y aceites

 

 

Víctor Salmerón

@vsalmeron

 

 

El reporte de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), organismo que agrupa a las empresas privadas que elaboran alimentos procesados, registra que la producción no detiene el descenso y por tanto, todo apunta a que en el mediano plazo persistirá el desabastecimiento de rubros básicos.

 

En los primeros diez meses de este año, en promedio, la producción de las empresas afiliadas a Cavidea experimenta un declive de 21% respecto al mismo lapso de 2015. Al evaluar el desenvolvimiento por productos específicos, surge que la producción de arroz cae 13%, harina de maíz 25,5%, harina de trigo 12,7%, pastas 22,8%, aceites 21,8%, margarina 61%, mayonesa 49,7%, azúcar 9,8% y salsa de tomate 16,1%.

 

Existen rubros con números positivos, como la producción de avena que crece 40%, la de sardinas 18,6% y atún, 68,7%, pero la tendencia general en el sector es a una reducción importante en la cantidad de toneladas de alimentos que se despachan a los mercados.

 

La producción cae en un entorno donde el gobierno ha recortado drásticamente la asignación de divisas al sector privado, por lo que las empresas no tienen cómo importar la materia prima y los insumos que necesitan para producir. A esto se añaden precios controlados que no permiten cubrir los costos de producción y factores como fallas en el servicio de energía eléctrica.

 

En Venezuela, 96 de cada 100 dólares que ingresan al país provienen del petróleo, y tras no ahorrar durante el prolongado boom de altos precios del barril, endeudarse masivamente, vaciar las reservas en efectivo del Banco Central y gastar en proyectos que no son capaces de exportar, el gobierno se ha quedado sin suficientes divisas. Analistas consideran que para disminuir el costo de este desajuste, la administración de Nicolás Maduro ha podido implementar un plan de financiamiento, renegociar los pagos de la deuda y aplicar un programa de reformas estructurales, pero ha optado por un profundo recorte en los dólares que asigna al sector privado.

 

Las últimas cifras disponibles señalan que el conglomerado de empresas públicas tampoco elabora lo necesario. El Banco Central de Venezuela indica que en 2015 la producción de alimentos y bebidas en la agroindustria que maneja el sector público se redujo 5,3% respecto a 2014, mientras que la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación registra datos en rojo. De acuerdo con las cifras oficiales del despacho de Alimentación, en 2015 Industrias Diana, Lácteos Los Andes, Mercal (Unidades Productivas y Carnes Venezuela) y Venalcasa produjeron 418 mil 293 toneladas de alimentos, cifra que representa un declive de 14% respecto a 2014 y de 23% respecto a 2013.

 

Las causas por las que el gobierno ha fracasado como empresario son conocidas: las empresas públicas no pueden mantenerse sanas cuando la lealtad política es la principal condición al momento de seleccionar a los gerentes, una total opacidad que permite que no se conozca la condición financiera de las compañías, crecimiento desproporcionado del número de trabajadores y precios controlados que no reportan rentabilidad.

 

Otro elemento a tomar en cuenta es lo que analistas denominan restricción presupuestaria débil. Es decir, como el Estado cubre las pérdidas por el ingreso que obtiene a través del cobro de impuestos y la renta petrolera, hay pocos incentivos para reducir costos, colocar precios que permitan rentabilidad y no aumentar velozmente el número de trabajadores.

 

 

El impacto

 

El desequilibrio entre la oferta y la demanda ha derivado en una fuerte escasez y un aumento incesante de los precios que ha golpeado la capacidad de compra de la población. En un intento por aliviar el impacto, el gobierno ha recurrido a incrementos en el bono de alimentación que reciben los trabajadores, al punto de que éste supera ampliamente al salario mínimo.

 

A partir del primero de noviembre, el salario mínimo aumentó 20% y se ubicó en 27 mil 092 bolívares, mientras que el bono de alimentación se incrementó 50% y representa 63 mil 720 bolívares. Es decir, el bono de alimentación, que no incide para beneficios laborales como prestaciones sociales, vacaciones y utilidades, supera en 135% al salario.

 

No obstante, los venezolanos enfrentan severos problemas para alimentarse. La última encuesta de Latinobarómetro, publicada en julio de este año, señala que “en Venezuela un 72% de los ciudadanos dice que en los últimos 12 meses le ha faltado la comida, lo que se sitúa 31 puntos porcentuales por sobre el segundo país de la región que tiene esta dificultad (República Dominicana con el 41%). Son los países centroamericanos los que más sufren esta carencia, en un tercio de su población: Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras”.

 

La medición del ingreso subjetivo deja un registro de cómo se sienten los latinoamericanos ante los vaivenes de sus ingresos personales. Esta medida consiste en cuatro categorías de ingreso disponible que reportan los entrevistados: les alcanza bien y pueden ahorrar; les alcanza justo sin grandes dificultades; no les alcanza y tienen dificultades; o no les alcanza y tienen grandes dificultades.

 

En el caso de Venezuela, 82% de la población indica que no le alcanza el ingreso y 15% responde que le es suficiente.

 

 

La respuesta

 

Presionado por la escasez de alimentos, medicinas y productos de cuidado personal, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha optado por aumentar el poder del sector militar en la economía. La creación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano le entregó amplios poderes al ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, para tomar decisiones en el campo agroalimentario, producción y distribución de fármacos y la industria de productos de higiene personal y cuidado del hogar.

 

Además, creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que en teoría garantizarán que las familias de cada comunidad adquieran al precio controlado una bolsa con alimentos básicos. El pasado 4 de octubre el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó un decreto “a través del cual el Estado se reserva el derecho de adquirir hasta 50% de los rubros producidos por la agroindustria nacional, pública y privada, para distribuirlos de manera directa en los CLAP”.

 

El problema es que la medida no ataca la raíz del problema, que es la caída en la producción de alimentos y se limita a cambiar la distribución, por lo tanto, el desajuste seguirá intacto.