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18 de Octubre del 2017

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Alcaldes en la mira… y los que faltan

Alcaldes en la mira… y los que faltan

De 77, 40 alcaldes opositores han sido objeto de alguna arremetida

 

“Al ritmo que vamos no quedará alcaldía en Venezuela con alcaldes de la Unidad”, dijo David Smolansky, el último de los condenados

 

El TSJ dictó 40 decisiones entre mayo y julio de este año, en las que se amenazan a 14 alcaldes opositores con cárcel o destitución

 

 

Jaime Garvett

@JaimeGarvett

 

Ana Gabriela Díaz

@AnaGDiazH

 

 

 

 

Al menos cinco alcaldes opositores fueron condenados en las últimas dos semanas por las decisiones que emitió el TSJ, en las que se les responsabiliza por permitir protestas anti gubernamentales en sus municipios. El último –al cierre de esta edición- fue el burgomaestre de El Hatillo, David Smolansky, quien fue condenado a 15 meses de prisión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), además de inhabilitarlo políticamente y destituirlo como alcalde.

 

Smolansky publicó un video en sus redes sociales, en el que afirmó que seguirá al frente de la Alcaldía para defender el voto popular que lo eligió en 2013 y llamó a los vecinos a mantenerse firmes contra esta decisión: “No voy a huir ni a colocarme de rodillas, primero me pongo de pie antes que vivir arrodillado”, dijo.

 

A Ramón Muchacho (Chacao), Alfredo Ramos (Iribarren), Carlos García (Mérida), Gustavo Marcano (Lecherías) y David Smolansky (El Hatillo) se les acusa de desacato por no levantar las barricadas, luego que el TSJ aceptara recursos de amparo presentados por quienes se oponen a las protestas en esos municipios.

 

Muchacho también fue condenado a 15 meses de cárcel y hasta ahora se desconoce su paradero, al igual que el de Smolansky, quienes están siendo buscados por el Sebin. Desde la clandestinidad, Muchacho expresó en un comunicado que “las próximas horas serán difíciles para mí y mis comunicaciones estarán severamente limitadas”.

 

La MUD se ha pronunciado con apoyo a estos alcaldes afectados por las decisiones del TSJ, y creen que se trata de una vulgar “persecución” contra la disidencia política, en el marco del conflicto sociopolítico que se vive en Venezuela.

 

Gustavo Marcano subrayó en rueda de prensa desde la ciudad de Miami, donde se encuentra evaluando la posibilidad de pedir asilo político, que se trata de una “escalada de persecución”, amparada por el TSJ en contra de las autoridades legítimas.

 

Marcano dijo que deben conocerse los casos del resto de los alcaldes perseguidos, como el de Omar Lares, del municipio Campo Elías en Mérida, cuyo hijo fue “secuestrado” en su casa por el Sebin, al no encontrar a su padre.

 

Para Marcano, el TSJ busca “convertirnos a los alcaldes en violadores de la Constitución; querían que cercenáramos el derecho legítimo de la gente a protestar”.

 

El 2 de agosto fue cuando se conoció que el hijo del alcalde Lares se encuentra detenido en la sede del Sebin, en El Helicoide, Caracas, mientras que su padre logró escapar y se encuentra actualmente en Colombia.

 

Y los que faltan…

En una entrevista radial, realizada esta semana por César Miguel Rondón, el alcalde del Municipio Baruta, Gerardo Blyde, expresó que “hay una docena de alcaldes con estos procesos en curso y su continuación dependerá de las órdenes políticas que se reciban”, dejando claro el matiz que para el también abogado constitucionalista, tiene esta campaña que desde el gobierno se ha emprendido contra estos alcaldes.

 

Vale la pena recalcar que de 335 alcaldes electos en el 2013, 258 son del PSUV y 77 de la MUD, de los cuales 40 -más de la mitad- han sido afectados por diversas decisiones, emanadas tanto del TSJ, como de la Contraloría General de la República.

 

Estas decisiones comenzaron en las protestas de 2014, contra los alcaldes Enzo Scarano de San Diego, estado Carabobo y Daniel Ceballos de San Cristóbal, estado Táchira. El primero fue puesto en libertad el 4 de febrero de 2015 tras 10 meses en prisión; mientras que Ceballos se encuentra detenido en El Helicoide, a la espera del juicio en su contra, pese a que el Ministerio Público y la Procuraduría han solicitado medidas de libertad a la juez del Tribunal 15 de Juicio.

 

Por su parte, otro importante alcalde que fue apartado de su cargo y cuya situación aún está en un limbo jurídico es Antonio Ledezma, del Distrito Metropolitano, quien fue detenido el 19 de febrero del 2015, acusado de conspiración y asociación para delinquir. Ledezma estuvo en Ramo Verde hasta el 30 de abril de ese mismo año, cuando se le concedió casa por cárcel por problemas de salud. El 2 de agosto, un grupo comando del Sebin ingresó en horas de la madrugada a su residencia, llevándoselo nuevamente a Ramo Verde, pero dos días después fue devuelto a su casa.

 

 


 

Anulando fichas

Según la ONG Transparencia Venezuela, “la Sala Constitucional del TSJ ha dictado 39 decisiones entre mayo y julio de 2017, en las que amenaza a 14 alcaldes de la oposición con destitución y prisión. De concretarse, serían 22 alcaldes los que dejen de prestar sus funciones”, según se lee en el informe “Ataques a las alcaldías de oposición por parte del Gobierno Nacional y de sus poderes apéndice”, publicado el 7 de este mes.

 

Este informe también precisa la situación específica de los alcaldes que han sufrido arremetidas en estos años:

 

-5 han sido destituidos y puestos en prisión: Enzo Scarano, Daniel Ceballos, Antonio Ledezma, Alfredo Ramos y Delson Guárate.

 

-5 han sido destituidos y con orden de aprehensión: Warner Jiménez, Gustavo Marcano, Carlos García, Ramón Muchacho y David Smolansky.

 

-1 destituida: Lumay Barreto.

 

-1 con orden de aprehensión: Omar Lares.

 

-2 con prohibición de salida del país: Moisés Carballo (alcalde encargado de Chacao), y José Barreras.

 

-3 inhabilitados: Enzo Scarano, Daniel Ceballos y Alirio Guerrero.

 

-2 despojados de sus competencias: Antonio Ledezma y Eveling Trejo.

 

-1 arrestado por 72 horas: Pedro Loreto.