Ultrasecretos

130 mil por ciento el sobreprecio en fraude de empresas a Cadivi

29 septiembre, 2017 | 12:00 am

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunció a empresas que estafaron a Cadivi con sobreprecios hasta de 130 mil por ciento, en la adquisición de dólares preferenciales.

 

William Saab dijo que por instrucciones del presidente Maduro, inició una investigación sobre los diversos delitos cambiarios e importaciones.

 

En el proceso han detectado centenares de empresas fantasmas, y señaló que la Fiscalía anterior no actuó para el castigo de los culpables.

 

Los empresarios Juan Miguel y Andrés Lozano, fueron apresados por su vinculación con la empresa Bates Gil, que obtuvo 15 millones de bolívares con sobreprecio de 130 mil por ciento.

 

Se han realizado varios allanamientos, y por ahora la investigación alcanza a 18 empresas. En el sector químico, Tarek William presume que 900 empresas están implicadas en las irregularidades de sobrefacturación.

 

 


 

La corrupción eléctrica de funcionarios venezolanos

 

 

Cómo una empresa española sobornó a varios ex ejecutivos, uno de los cuales habría recibido más de cien millones de dólares

 

Un caso parecido a la operación Lava Jato

 

 

Lorena Mastrogiacomo

Desde Madrid.

 

 

Otro escándalo de corrupción que implica a funcionarios de Venezuela, acaba de explotar en España. Ya no es Andorra, sino Madrid, a donde llegaron los dólares por un contrato de electricidad, firmado en el 2006.

 

Para la Fiscalía Anticorrupción, es un caso parecido al de Petrobras.

 

El diario Expansión publica este documento.

 

La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado ante la Audiencia Nacional contra Duro Felguera y algunos de sus principales directivos, entre ellos el presidente Ángel Antonio del Valle y el expresidente Juan Carlos Torres Inclán, por delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales.

 

“Las investigaciones muestran que la empresa sobornó a altos cargos de la Administración venezolana, entre ellos el que fuera viceministro de Energía hasta 2006.

 

“La denuncia de Anticorrupción es fruto de una investigación iniciada en 2015 acerca de las actividades del Banco de Madrid. La Fiscalía intentaba saber si la entidad había cometido un delito de blanqueo de capitales al cubrir y ocultar beneficios, procedentes de actividades delictivas.

 

“Fue a raíz de estas pesquisas cuando se detectaron los presuntos delitos de soborno y corrupción internacional, cometidos por Duro Felguera para lograr en 2009 la firma del contrato con la empresa pública venezolana Electricidad de Caracas (EDC), filial de Corporación Eléctrica Nacional, para la construcción del ciclo combinado de Termocentro, valorado en más de 1.500 millones de euros.

 

“Duro Felguera, que actuaba como UTE en la sociedad Termocentro junto con Montajes de Maquinaria de Precisión, ‘firmó una serie de contratos con entidades y personalidades venezolanas, relacionadas con el Gobierno de dicho país, que tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos, para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil’, afirma la Fiscalía.

 

“El por entonces presidente de la empresa, Torres Inclán, y el consejero delegado, en ese momento Del Valle, entregaron al menos 105 millones de dólares al ex viceministro, para que usara su influencia en beneficio de Duro Felguera. Hubo directivos en la empresa española que se negaron a realizar el soborno, entre ellos el director general de Energía, Francisco Martín Morales de Castilla.

 

“La Policía Nacional ha encontrado al menos tres contratos en los que se aprecia la relación entre Duro Felguera con funcionarios venezolanos, clientes de Banco Madrid y desempeñó el cargo de viceministro de Desarrollo Eléctrico en Venezuela. El saldo de la cuenta en Banco Madrid superaba los tres millones de euros.

 

“Este caso se conoce a apenas una semana para que concluya el periodo de gracia concedido por los bancos acreedores de Duro Felguera para la búsqueda de una solución a su situación económica. El acuerdo de refinanciación contempla la entrada en el capital de las entidades, que reclaman un inversor industrial que apoye las operaciones empresariales.

 

 

 

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